Las mujeres con discapacidad, invisibilizadas en las políticas para contener la COVID-19
Por Dalila Sarabia
24 de octubre, 2020
Comparte

El impacto que esta pandemia ha traído a las personas con discapacidad es desproporcionado. Tuvieron que abandonar sus terapias físicas, sus citas clínicas para estudios y seguimientos fueron reprogramadas, y algunas se quedaron sin la posibilidad de acceder a sus medicamentos porque los hospitales a los que acudían fueron reconvertidos a centros COVID, sin que se les brindara otra opción de tratamiento y seguimiento.

Además, la gran parte de la información referente al nuevo virus y las recomendaciones para protegerse de él, siempre se divulgó en formatos no accesibles, acentuando con esto la constante discriminación a las personas con discapacidad.

“Nosotros tuvimos que generar guías, en conjunto con las autoridades como la Secretaría de Salud federal y el Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) para informar a la población sobre las medidas de atención y prevención, pero estas guías salieron cuando estábamos en los dos primeros meses de la pandemia, por ahí de mayo – junio, antes de esto no hubo nada de información accesible”, lamentó Laura Bermejo, presidenta de la organización civil Libre Acceso A.C.

“Esto te habla de cómo las personas con discapacidad hasta para una emergencia sanitaria quedan rezagadas en saber cómo poder combatir la COVID-19”.

De hecho, fue la sociedad civil la que tuvo que organizarse y ampararse para exigir que se utilizara la Lengua de Señas Mexicanas (LSM) para todo tipo de comunicación relativa al virus.

En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), viven 7.7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, de ellas, alrededor de 4 millones son mujeres.

Las historias de esas mujeres con discapacidad muestran como tras medio año en crisis sanitaria, la perspectiva de discapacidad no existe en las políticas públicas implementadas en el país y que para ellas, la pandemia sólo trajo más desigualdad. 

El aislamiento ordenado por la presencia de COVID-19 hizo que todos los avances que la señora María Teresa, de 82 años, había logrado en su tratamiento por demencia senil, se perdieran.

Antes, cuenta su hija Sofía, la mujer se levantaba temprano para ir a sus terapias de estimulación cognitiva, incluso, tenía ánimo y fuerza para caminar y llegar hasta el Instituto Nacional de Adultos en Plenitud —antes llamado Insen— donde tomaba esos talleres. Ahora, pueden ser las 6 de la tarde y doña Teresa sigue acostada.

Ya no quiere salir, su andar se ha deteriorado y ahora su bastón la acompaña permanentemente para ir a cualquier sitio, hasta unos cuantos metros de su cuarto al comedor. Su salud está profundamente deteriorada.

Hace apenas unas semanas el maestro de Teresa hizo un grupo de WhatsApp en el que de vez en cuando les envía videos para que hagan ejercicios de estimulación cognitiva y no pierdan los avances ganados, sin embargo, lamenta Sofía, éstos llegaron muy tarde, pues su mamá ya no tiene ánimo de hacerlos.

Tampoco tiene ganas de salir a dar una vuelta a la cuadra “se queja que le duelen las rodillas, ahora su movilidad está mucho, mucho más lenta (…) esta pandemia fue un gran retroceso para los avances que ya había tenido”, comparte Sofía.

Sin opciones para seguir terapias o tener consultas 

En febrero de 2019 Rocío cayó de un primer piso mientras impartía talleres sobre el medio ambiente. Luego de peregrinar por distintos hospitales, el diagnóstico fue definitivo: no volvería a caminar.

Estas palabras no la detuvieron y desde que volvió a casa, ha luchado para salir adelante de forma independiente, pero la pandemia de la COVID-19 no sólo la dejó sin tratamientos médicos, sino que casi le arrebata a su hermana.

El confinamiento la obligó a abandonar sus terapias físicas en la A.C. Vida Independiente, en donde aprendió a usar su silla de ruedas con mayor confianza y siguió tomando lecciones para desplazarse por la Ciudad sin ayuda.

También le negó la posibilidad de acudir a sus terapias en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en donde también tiene pendientes estudios de las vías urinarias.

La falta de estos estudios —y el tratamiento acorde— fue la razón por la que su salud se deterioró.

“Me ha afectado muchísimo y no solamente a mí, sino a muchísimas personas. Cuando nos dicen que se suspendían las terapias justo yo estaba empezando a hacer rodadas, nos sacaban a la calle y ‘órale, vámonos a ver qué obstáculos hay’, entonces para mí era decir ‘ya voy a salir a la calle, ya voy a poder hacer muchas cosas’ y de repente se cierra todo”, cuenta Rocío.

“Todas las personas que estamos en el INR ya estamos de ‘ya por favor, abran’, tenemos muchas necesidades médicas a las cuales tenemos que darle seguimiento (…) esa es la parte más negativa para nuestra salud”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha hecho distintos llamados para garantizar el derecho a la salud de las personas con discapacidad durante la crisis sanitaria.

Durante su participación en el foro “La situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en el contexto de la pandemia”, el comisionado y relator sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Stuardo Ralón, expresó su preocupación por la falta de información accesible sobre la pandemia, lo que “ha perjudicado la efectiva adopción de medidas esenciales de prevención y autocuidado de las personas con discapacidad”.

“Considerando los potenciales efectos de la pandemia de la COVID-19 y la posible escasez de recursos médicos, los estados deben elaborar protocolos de atención a fin de garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una atención en salud óptima, segura y sin discriminación”, urgió durante la apertura del foro en el que, coincidieron los participantes, no hubiera sido necesario realizar si las acciones a favor de las personas con discapacidad en pandemia fuesen las acordes.

Aunado a la falta de información accesible, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha alertado que de verse contagiados por el virus, las personas con discapacidad pueden enfrentar barreras adicionales para buscar atención médica como la comunicación, el desplazamiento y la movilidad; lo que podría originar que sus casos de COVID-19 sean incluso más graves.

“Las personas con discapacidad ya están enfrentando en todo el mundo discriminación y negligencia por parte del personal de atención médica, al considerar que la discapacidad es una variable para no priorizar la atención de salud en contexto de escasez de recursos y personal. Este criterio se constituye en una violación del derecho inalienable a la salud y a la vida y es un acto de discriminación grave por causa de discapacidad”, advirtió el organismo internacional en su guía práctica Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el COVID-19.

También sin medicamento 

La instrucción del gobierno fue clara: Quédate en Casa, pero las personas con discapacidad psicosocial tuvieron que peregrinar de hospital en hospital en búsqueda de su medicamento, pues de un día para otro varios se convirtieron en unidades COVID-19 para atender a los enfermos por el virus, dejando en el abandono a las personas que requieren medicamentos controlados.

“Son cosas que parecen ser muy razonables para contener contagios (convertir hospitales en unidades Covid-19) y hasta para proteger a los doctores, pero el problema es que no hubo ni un aviso, ni un correo; nos quedamos sin tener con quién preguntar, lo único que te quedaba era ir hasta Tlalpan (a la zona de hospitales en el sur de la Ciudad de México) y encontrarte con la reja cerrada”, reprochó Cecilia Guillén, presidenta de la organización En Primera Persona A.C.

“Era muy contradictorio todo esto de ‘no salgas de casa’, pero cruza la Ciudad para ir al (Hospital) Juan Ramón de la Fuente porque nadie está contestando el teléfono (…) imagínate que manejas ansiedad o paranoia y no te contestaban, pues muchas gracias”.

Aunque el IMSS, por ejemplo, puso en marcha el programa Receta Resurtible, para que sus pacientes recibieran medicamento para 90 días y que no tuvieran que salir de sus hogares en el pico de la pandemia, con los pacientes psiquiátricos esto no fue así.

La razón, expuso Guillén, es el estigma de peligrosidad que aún se tiene para con las personas que viven con discapacidad psicosicial.

“Dicen que no, pero es esta discriminación estructural porque ni te avisan que van a cerrar el servicio, lo van a readaptar o tienen miedo; no compran el medicamento, no te facilitan acceder a la receta o medicamento y esto no es practico porque hasta la Secretaría de Salud lo puso en su guía de COVID y discapacidad en la que dice que uno debería poner de su parte para el apego a su medicamento. Y eso es incongruente.

“Todo es un tema de falta de planeación y mucha negligencia, esto es una manera de no honrar la vida”, concluyó la activista.